lunes, 4 de julio de 2011

St 4, 1 ¿De dónde provienen las luchas entre ustedes?

Santiago 4

(St 4, 1) ¿De dónde provienen las luchas entre ustedes?

[1] ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros?

(C.I.C 2327) A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. La Iglesia implora así: ‘del hambre, de la peste y de la guerra, líbranos Señor’. (C.I.C 2307) El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la Bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra (cf. Gaudium et spes, 81). (C.I.C 2308) Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, ‘mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa’ (Gaudium et spes, 79). (C.I.C 2309) Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a ésta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez: – Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. – Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. – Que se reúnan las condiciones serias de éxito. – Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la ‘guerra justa’. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común.

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